El Gobierno aprueba la nueva ley procesal: la Fiscalía investigará los delitos
El Consejo de Ministros dio hoy luz verde al anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que traslada la instrucción penal al Ministerio Fiscal y establece la figura del «juez de garantías» para supervisar las pesquisas.
El cambio, aprobado este 28-10-2025 en La Moncloa, supone el mayor giro del proceso penal en España desde 1882. Según avanzaron fuentes gubernamentales y la Secretaría de Estado de Comunicación, la Fiscalía dirigirá la Policía Judicial durante la fase de investigación y los jueces de garantías autorizarán medidas intrusivas —registros, intervenciones telefónicas, entradas y detenciones— asegurando el control jurisdiccional y los derechos fundamentales. El trámite arranca con envío al Congreso en las próximas semanas.
El texto incorpora un mandato reforzado para el fiscal general —con duración fijada y desvinculación de la legislatura— y acota la acusación popular para evitar su uso espurio, de acuerdo con los borradores trabajados por Justicia. La reforma llega tras meses de debate entre asociaciones judiciales, fiscales y catedráticos y pretende alinear el modelo español con buena parte de la Unión Europea, donde la instrucción recae en el Ministerio Público. El Ejecutivo defiende que el nuevo sistema agilizará plazos, reforzará la protección de las víctimas y homogeneizará protocolos con Europol y Eurojust.
Claves del anteproyecto: qué cambia en la práctica y cuándo
Con la aprobación en Consejo de Ministros se abre la tramitación parlamentaria. El Gobierno prevé un calendario de implantación gradual con vacatio legis amplia para adaptar órganos, plantillas y medios técnicos. En paralelo, Justicia impulsa la actualización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía funcional y ajustar la carrera a las nuevas responsabilidades. La medida se acompasa con la digitalización procesal (expediente judicial electrónico) y con la futura ley de eficiencia organizativa.
- Quién: Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- Qué: anteproyecto de nueva LECrim que atribuye la investigación penal a la Fiscalía y crea el juez de garantías.
- Cuándo: 28-10-2025, con remisión al Congreso y tramitación ordinaria.
- Dónde: Palacio de La Moncloa (Madrid) y, a continuación, registro en Cortes Generales.
- Por qué: modernizar el proceso penal, agilizar plazos y homogeneizar estándares con la UE, manteniendo control judicial efectivo.
- Plazos orientativos: despliegue por fases y entrada en vigor diferida tras su aprobación parlamentaria, con formación específica en 2026–2027.
En España, el impacto será directo para ciudadanos y operadores jurídicos. Para víctimas y testigos, el anteproyecto refuerza medidas de protección y la información durante la investigación; para acusados, clarifica garantías de defensa y tiempos máximos de diligencias; para policías y guardias civiles, define una relación operativa bajo dirección del fiscal investigador. En lo institucional, el «juez de garantías» centraliza la tutela de derechos en la fase preprocesal, mientras que el tribunal de enjuiciamiento conserva el juzgamiento y la sentencia. Asociaciones judiciales han pedido garantías adicionales sobre independencia y límites jerárquicos en la Fiscalía, mientras que plataformas de fiscales valoran positivamente la clarificación de funciones, según avanzaron en sus últimas notas.
«La reforma sitúa la investigación penal en la Fiscalía y crea el juez de garantías para asegurar el control judicial de las diligencias más invasivas», señaló el Ministerio de Justicia en su nota informativa de hoy.
En términos comparados, España se acerca a los modelos de Francia, Italia o Portugal, donde el Ministerio Público lidera la fase de investigación con un juez que autoriza las medidas que afecten derechos fundamentales. El Ejecutivo subraya que el rediseño permite coordinar mejor causas complejas —corrupción, crimen organizado, ciberdelincuencia o macroestafas— y cumplir estándares europeos en intercambio de pruebas digitales. Asimismo, el anteproyecto introduce herramientas para combatir la multirreincidencia y la delincuencia económica con especial atención a la recuperación de activos.
De cara al ciudadano, el Ministerio de Justicia insiste en que no se eliminan salvaguardas: cualquier entrada y registro, intervención de comunicaciones o medida cautelar continuará requiriendo autorización del juez de garantías. La Fiscalía, por su parte, deberá motivar por escrito las actuaciones y comunicar a las partes el estado de la investigación bajo plazos tasados. Se prevé también reforzar las oficinas de atención a víctimas y la coordinación con servicios sociales y forenses. El calendario político obliga a negociar apoyos en el Congreso: los grupos han adelantado posiciones diversas sobre el alcance de la acusación popular y el mandato del fiscal general.
El sector jurídico reclama medios. Los colegios de la abogacía piden desarrollo reglamentario y protocolos de acceso al expediente digital, mientras que los sindicatos de funcionarios de Justicia exigen plantillas y formación para nuevas tareas en fiscalías y juzgados de garantías. En la comunicación institucional, Moncloa avanzó que la remisión a Cortes incluirá memoria económica y cronograma de implantación por territorios, con especial atención a la coordinación con las comunidades autónomas con competencias en medios materiales y personal.
Contexto y fuentes: referencia y rueda de prensa del Consejo de Ministros de 28-10-2025; información del Ministerio de Justicia sobre la reforma procesal; coberturas de medios nacionales (RTVE, prensa generalista y radios) y agencias en la mañana del 28-10-2025.
