El Congreso valida el decreto ELA: ayuda de hasta 10.000€ y 500 millones

Unanimidad en el Congreso para desplegar la ley ELA con nuevas ayudas y un grado de dependencia extremo

El Congreso de los Diputados convalidó este jueves, 20 de noviembre de 2025, el real decreto que desarrolla la conocida como ley ELA, con 346 votos a favor y ninguno en contra. La norma activa una ayuda de hasta 10.000 euros mensuales para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que requieran cuidados complejos y crea una categoría específica de dependencia extrema (Grado III+) para garantizar atención 24 horas. La medida incluye una dotación adicional de 500 millones de euros para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en todas las comunidades autónomas.

El acuerdo parlamentario culmina semanas de trabajo técnico con el Ministerio de Derechos Sociales y las consejerías autonómicas para adaptar baremos, circuitos de valoración y compatibilidad de prestaciones. El texto fija un procedimiento acelerado para el acceso a la ayuda, contempla el acompañamiento familiar y la profesionalización del cuidado en domicilio, y prevé auditorías periódicas del impacto sanitario y social. La convalidación permite que las comunidades desplieguen el nuevo grado de forma inmediata, integrando la financiación en los convenios del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

El decreto detalla que la prestación se calculará en función de la intensidad del servicio, el plan individual de atención y la concurrencia de apoyos públicos o privados, con un tope mensual de 10.000 euros. También incorpora un catálogo de productos de apoyo —desde ventilación y nutrición asistida hasta domótica y adaptación de vivienda— y un marco de formación específica para cuidadores profesionales en coordinación con los servicios de salud. Además, habilita a las autonomías a suscribir contratos de emergencia para cubrir turnos y vacaciones del personal, evitando interrupciones en la asistencia.

Cómo se aplicará: plazos, acceso y control del gasto

El despliegue se apoyará en equipos de valoración multidisciplinar y en una vía rápida para los casos con diagnóstico acreditado de ELA en fases avanzadas. Los servicios sociales de cada comunidad serán la puerta de entrada, con una resolución prioritaria que no debería superar los 15 días desde la solicitud, según el marco acordado con el Consejo Territorial. El Ministerio ha diseñado indicadores de seguimiento para comprobar la ejecución del crédito de 500 millones, la reducción de tiempos de espera y el grado de cobertura de necesidades en domicilio y hospital, con informes trimestrales y un balance anual remitido a las Cortes Generales.

• ¿Qué?: convalidación del real decreto que desarrolla la ley ELA y crea el Grado III+ de dependencia extrema.
• ¿Quién?: unanimidad del Congreso (346 votos) y coordinación entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas.
• ¿Cuándo?: 20/11/2025, con vigencia inmediata tras su publicación y plan de seguimiento trimestral.
• ¿Dónde?: ámbito estatal; aplicación a través de los servicios sociales autonómicos y coordinación con sanidad.
• ¿Por qué?: garantizar cuidados 24/7, aliviar el gasto de familias y ordenar recursos profesionales y tecnológicos.

El impacto en los hogares será directo: la ayuda cubrirá contratación de auxiliares, fisioterapia respiratoria, enfermería a domicilio, transporte sanitario no urgente y adaptación de vivienda, entre otros conceptos. En paralelo, la categoría Grado III+ permitirá ajustar cargas de trabajo y ratios en centros y residencias con unidades especializadas, así como impulsar redes de respiro familiar. Asociaciones de pacientes consultadas celebraron la unanimidad, pero alertan de la necesidad de «rapidez y homogeneidad» entre territorios para evitar desigualdades en la aplicación. En el plano presupuestario, la Intervención General y el Tribunal de Cuentas supervisarán la correcta aplicación de los fondos, mientras que las comunidades deberán publicar datos desagregados de cobertura y tiempos.

La aprobación llega tras un año de presión sostenida de colectivos de ELA y la acumulación de expedientes en dependencia donde los tiempos de resolución se disparaban en casos de cuidados intensivos. El decreto también mejora la compatibilidad con prestaciones por discapacidad y cuidados paliativos, y promueve la compra pública innovadora para equipamiento y teleasistencia avanzada. El Gobierno enmarca la medida en una agenda social más amplia, que incluye reformas en atención a la cronicidad, salud mental y apoyo a cuidadores no profesionales.

«Hablamos de garantizar 24 horas de cuidados y dignidad para quienes más lo necesitan; es un consenso de país», afirmó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante la defensa del decreto.

Contexto y fuentes: debate y votación del pleno del Congreso de los Diputados; documentación del Ministerio de Derechos Sociales sobre el desarrollo de la ley ELA y financiación del SAAD; comunicaciones de asociaciones de pacientes y notas de prensa parlamentarias con los detalles de la convalidación y los plazos de aplicación.