El Gobierno propone a Teresa Peramato como fiscal general del Estado

Nombramiento propuesto en el Consejo de Ministros del 25-11-2025 tras la renuncia de García Ortiz

El Gobierno propuso este martes, 25 de noviembre de 2025, a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. La decisión llega después de la renuncia de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer el cargo durante dos años. El Ejecutivo activó el procedimiento previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comparecencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso y, si supera los trámites, nombramiento por real decreto firmado por el Rey.

Peramato, fiscal de carrera con más de 35 años de experiencia y reconocida por su labor contra la violencia de género, ejerce como jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Su candidatura se conoce en una fecha de alta carga simbólica —25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres— y ha generado reacciones inmediatas en el ámbito jurídico y político. En tanto se formaliza el relevo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo asume el despacho ordinario en funciones para garantizar la continuidad de asuntos en curso, desde macrocausas de corrupción hasta ciberdelincuencia y criminalidad organizada.

Claves institucionales: procedimiento, plazos y alcance

El proceso de designación no es automático y contempla varios controles. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, el CGPJ emite un informe no vinculante sobre la idoneidad profesional de la candidata. Después, el Congreso de los Diputados acoge una comparecencia para evaluar méritos, trayectoria y plan de trabajo. Superados estos pasos, el nombramiento se formaliza mediante real decreto y se publica en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio Fiscal, entre tanto, debe asegurar la estabilidad de criterios y la continuidad de la actividad en las fiscalías territoriales y especiales (Anticorrupción, Antidroga, Audiencia Nacional y Medio Ambiente), además de su coordinación con la Fiscalía Europea en materia de fraude y fondos comunitarios.

Según fuentes consultadas en el entorno fiscal, el posible mandato de Peramato tendría tres prioridades operativas: reforzar la protección a las víctimas y la especialización en violencia sobre la mujer; homogenizar criterios en delitos económicos complejos, ciberataques y blanqueo; y acelerar la modernización interna con herramientas digitales para agilizar diligencias y reducir tiempos de respuesta. La propuesta coincide con un contexto de alta tensión pública tras la condena de García Ortiz y con la exigencia de las asociaciones de la carrera fiscal de reforzar la independencia y la transparencia de la institución.

«Esperamos que Teresa Peramato pueda recuperar el buen nombre de la Fiscalía y reforzar su imparcialidad», afirmó Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, tras conocerse la propuesta.

En el plano político, los grupos parlamentarios preparan preguntas centradas en la autonomía del Ministerio Fiscal respecto del poder ejecutivo, la gestión de casos sensibles con impacto institucional y el calendario de reformas internas —incluida la digitalización de expedientes y la interoperabilidad con juzgados—. Peramato, que ha sido referencia en la creación y extensión de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, deberá además explicar su hoja de ruta para unificar protocolos de atención a víctimas y mejorar la coordinación con las comunidades autónomas en materia de medios y peritajes.

• ¿Qué ha pasado? Propuesta de Teresa Peramato como fiscal general del Estado (25-11-2025).
• ¿Quién la propone? El Consejo de Ministros, conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
• ¿Qué falta? Informe del CGPJ, comparecencia en el Congreso y real decreto de nombramiento.
• ¿Quién es? Fiscal con más de 35 años de carrera; ex fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer; jefa de la Sección Penal del Supremo.
• ¿Por qué ahora? Renuncia de Álvaro García Ortiz tras su inhabilitación por el Tribunal Supremo.
• ¿Impacto? Estabilidad institucional, criterios unificados en delitos complejos y refuerzo de la atención a víctimas.

Las primeras reacciones destacan la solvencia técnica de la candidata y el simbolismo de su perfil en una jornada marcada por el 25N. Mientras, operadores jurídicos recuerdan que el informe del CGPJ, aunque no vinculante, es una referencia para la convalidación parlamentaria, y que la comparecencia en la Comisión de Justicia se ha convertido en un examen sustantivo sobre independencia y gestión. En el corto plazo, la Fiscalía seguirá trabajando con normalidad en causas abiertas y coordinación internacional con Eurojust, la Fiscalía Europea y redes de cooperación, especialmente en ciberdelitos y trata de seres humanos.

Contexto y fuentes: referencias del Consejo de Ministros; comunicados y perfiles institucionales de la Fiscalía General del Estado; cobertura de agencias y medios nacionales sobre la propuesta y reacciones del 25-11-2025; posicionamientos de asociaciones profesionales de fiscales.