El Consejo de Ministros activa 6.000 millones para la reconstrucción por la DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado este 28 de octubre un paquete de medidas para acelerar la reconstrucción tras la DANA de 2024, con hasta 6.000 millones de euros entre avales del Estado, financiación del ICO y programas específicos para empresas, autónomos y administraciones locales.

El núcleo del real decreto-ley establece líneas de avales por cuenta del Estado de hasta 5.000 millones y una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que moviliza 750 millones, con 180 millones en ayudas para pymes. El objetivo declarado es abaratar la financiación y dotar de liquidez inmediata a los afectados, especialmente en la Comunitat Valenciana, la región que sufrió los mayores daños. El Ejecutivo sitúa estas medidas en la fase de «reactivación y prevención», dando continuidad a los dispositivos de emergencia y a los más de 8.000 millones ya ejecutados desde 2024, además de facilitar inversiones municipales al 100 % para reparar redes viarias, saneamientos y obras de laminación.

La norma, que entra en vigor con su publicación en el BOE, incluye la prórroga del cese de actividad extraordinario para autónomos vinculados a la catástrofe y la opción de aplazamientos de cotizaciones en la Seguridad Social con un interés reducido del 0,5 %. Industria y Turismo extienden hasta el 30 de junio de 2026 el plan de sustitución de vehículos dañados —vía «Reinicia Auto+»— y se habilita la reasignación de fondos de vivienda hacia promociones en suelos seguros para acelerar reubicaciones. En paralelo, Ciencia, Innovación y Universidades anunció más de 1.200 millones en convocatorias de I+D, con impacto en empleos cualificados y transferencia tecnológica, y que el Gobierno encuadra en la misma hoja de ruta de resiliencia territorial.

Claves del día: qué se aprueba, a quién alcanza y cómo se aplicará

El paquete se despliega con efecto inmediato y prioriza a los municipios y entidades locales que acrediten daños: podrán financiar al 100 % actuaciones de restitución y prevención (drenajes urbanos, encauzamientos, soluciones basadas en la naturaleza). En el ámbito empresarial, la línea ICO permitirá operaciones de circulante e inversión con tramos bonificados para pymes, mientras que los avales del Estado se activarán hasta diciembre de 2040 para emergencias de protección civil. El Gobierno subraya que el esquema «aterriza» en el día a día del ciudadano a través de menores costes financieros, plazos ampliados y cobertura de gastos elegibles que incluyen reposición de bienes dañados, rehabilitación de viviendas y adaptación de infraestructuras críticas.

Para la ciudadanía y el tejido productivo en España, el impacto directo llegará por tres vías: liquidez y coste de crédito —al reducir el riesgo con aval público—, tiempos más cortos de ejecución municipal gracias a cofinanciación total, y mayor seguridad ante episodios meteorológicos extremos por la inversión preventiva. En movilidad, la prórroga del plan de automoción sostiene la reposición de flotas particulares y comerciales; en empleo, la protección por cese de actividad evita cierres en sectores golpeados por las inundaciones. Las comunidades autónomas y diputaciones coordinarán con los ayuntamientos los proyectos de mayor escala, con la expectativa de que las primeras adjudicaciones se cierren antes de final de año si superan los trámites de contratación y evaluación ambiental.

• Volumen: hasta 6.000 millones de euros (avales, ICO y ayudas).
• ICO: 750 millones en financiación y 180 millones en ayudas a pymes.
• Avales del Estado: hasta 5.000 millones, con horizonte de activación hasta 2040.
• Autónomos: prórroga del cese de actividad y aplazamientos con interés del 0,5 %.
• Administraciones locales: financiación del 100 % en obras de reparación y prevención.
• Calendario: entrada en vigor al publicarse en el BOE; ejecución por ventanillas ICO y convocatorias sectoriales.

«El objetivo es acelerar la reconstrucción y mejorar la protección de hogares, empresas y administraciones afectadas por la DANA, reforzando la prevención ante futuros episodios», afirmó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la reunión del Consejo de Ministros.

El diseño financiero busca que los bancos trasladen en precio y condiciones la solvencia adicional que aportan los avales, mientras que la línea ICO actuará como catalizador para operaciones de inversión en bienes de equipo, rehabilitación energética y reposición de existencias. Para los ayuntamientos, la posibilidad de cubrir el 100 % de la obra pública asociada a la catástrofe reduce la presión presupuestaria y permite anticipar actuaciones de drenaje y control de avenidas. El Ejecutivo sostiene, además, que la combinación de medidas financieras y de prevención reducirá el coste fiscal de futuras emergencias al disminuir la exposición de barrios y polígonos industriales en zonas inundables.

La articulación territorial del paquete contará con conferencias sectoriales —con especial foco en Comunitat Valenciana— y la ventanilla del ICO para pymes y autónomos. En vivienda, la reasignación de recursos permitirá compras y promociones en suelos seguros para reubicar a familias que acrediten daños graves. En cultura, se financiarán proyectos de rescate y digitalización de patrimonio familiar afectado por el agua, y en ciencia se adelantan convocatorias para evitar cuellos de botella administrativos. El Gobierno enmarca todo ello en una estrategia de «reconstrucción preventiva» que conecta infraestructuras, adaptación climática y productividad, con vigilancia del coste fiscal y mecanismos de rendición de cuentas.

Contexto y fuentes: Consejo de Ministros y referencia oficial de Presidencia; resumen de rueda de prensa de La Moncloa (28/10/2025) y coberturas informativas de medios públicos y de referencia. Las cifras, plazos y programas citados proceden de comunicaciones oficiales difundidas hoy.