El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
Nombramiento propuesto en Consejo de Ministros el 25-11-2025 tras la dimisión de García Ortiz
El Gobierno propuso este martes, 25 de noviembre de 2025, a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, un día después de la renuncia de Álvaro García Ortiz tras su condena de inhabilitación. La decisión, planteada en el Consejo de Ministros, activa el procedimiento legal que incluye informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso y, finalmente, el nombramiento por parte del Rey. La candidatura llega en una fecha simbólica —el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres— por la trayectoria de Peramato en esa materia.
Peramato, fiscal de carrera con más de 35 años de experiencia y ex fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, ejerce actualmente como jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Su perfil técnico y su especialización en protección a las víctimas han sido destacados por asociaciones de la carrera fiscal y por fuentes del Ministerio de Justicia. Mientras se formaliza el relevo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo asume el despacho ordinario en funciones. El Ejecutivo defiende que el nombramiento permitirá estabilizar la institución y retomar la agenda de reformas pendientes en materia de digitalización, carrera profesional y criterios de persecución penal.
Qué supone el relevo y los próximos pasos del proceso
El procedimiento para designar a la fiscal general del Estado está definido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, el Ejecutivo solicita informe preceptivo (no vinculante) al CGPJ y el Congreso celebra una comparecencia para valorar los méritos y la idoneidad de la aspirante. Si supera los trámites, el nombramiento se formaliza por real decreto y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En paralelo, la Fiscalía debe garantizar continuidad en asuntos sensibles: macrocausas de corrupción, violencia de género, protección de menores, criminalidad organizada y coordinación con las fiscalías especiales Anticorrupción, Antidroga y la Audiencia Nacional.
La propuesta llega tras la dimisión de García Ortiz después de la sentencia que le inhabilita para el cargo por revelación de secretos, asunto que ha tensionado a la carrera fiscal y a los grupos parlamentarios. Con Peramato, el Ejecutivo pretende «resetear» la interlocución institucional con el Poder Judicial y rebajar la presión política sobre la Fiscalía General. En el plano práctico, fuentes jurídicas esperan que la nueva dirección refuerce la unidad de criterios en violencia sobre la mujer, ciberdelincuencia y delitos económicos complejos, ámbitos donde la coordinación con las fiscalías territoriales resulta determinante para reducir dilaciones y disparidades de tratamiento.
La recepción del nombramiento ha sido heterogénea, aunque con coincidencias sobre su solvencia técnica. Parte de las asociaciones profesionales subraya su experiencia y reclama una hoja de ruta para blindar la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno. En el Congreso, los grupos exigirán concreción sobre tres frentes: independencia en causas con implicación política, rendición de cuentas ante las Cortes y plazos de ejecución del plan de modernización interna, que incluye gestión de expedientes, interoperabilidad con juzgados y criterios de transparencia.
«Esperamos que Teresa Peramato pueda “recuperar el buen nombre de la Fiscalía” y reforzar su independencia», declaró Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, a propósito de la propuesta conocida hoy.
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros propone a Teresa Peramato como fiscal general del Estado (25-11-2025).
- ¿Por qué ahora? Dimisión de Álvaro García Ortiz tras su inhabilitación por sentencia del Supremo.
- ¿Quién es la candidata? Fiscal con más de 35 años de carrera; ex fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer; jefa de la Sección Penal del Supremo.
- ¿Qué queda? Informe del CGPJ, comparecencia en el Congreso y nombramiento por el Rey mediante real decreto y publicación en el BOE.
- ¿En qué impacta? Continuidad de macrocausas, criterios en violencia de género y refuerzo de la coordinación entre fiscalías territoriales y especiales.
La dimensión institucional del relevo es evidente. En el plano operativo, el Ministerio Fiscal afronta retos inmediatos: gestionar el aumento de causas complejas (delitos económicos, ciberdelincuencia y criminalidad transnacional), mejorar la atención a víctimas y desplegar herramientas digitales que agilicen diligencias y eviten cuellos de botella. La candidatura de Peramato se inserta además en un contexto europeo que exige cooperación judicial en materia de ciberseguridad, trata de seres humanos y confiscación de activos, con la Fiscalía Europea (EPPO) vigilando fondos y fraudes transfronterizos. Según operadores jurídicos, el éxito del mandato dependerá de asegurar estabilidad interna, relaciones fluidas con el Poder Judicial y rendición de cuentas periódica ante el Parlamento.
Contexto y fuentes: referencias del Consejo de Ministros; comunicados y perfiles institucionales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Fiscalía General del Estado; cobertura de agencias internacionales y medios nacionales sobre la propuesta y las reacciones del 25-11-2025.