El Gobierno moviliza 6.000 millones en avales e ICO para la DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado este 28 de octubre un paquete económico para la reconstrucción tras la DANA que moviliza hasta 6.000 millones de euros entre avales del Estado, financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas específicas a pymes, autónomos y administraciones locales.

La decisión, anunciada en La Moncloa, articula tres ejes: líneas de avales por cuenta del Estado de hasta 5.000 millones con horizonte de activación hasta 2040; una nueva línea ICO que moviliza 750 millones de financiación; y 180 millones en ayudas directas para pequeñas y medianas empresas. El objetivo es aportar liquidez inmediata a hogares y negocios afectados, especialmente en la Comunitat Valenciana, y acelerar proyectos municipales de prevención y reparación de infraestructuras básicas.

Junto al refuerzo financiero, el Ejecutivo aprueba facilidades temporales en Seguridad Social: se habilitan aplazamientos de cuotas con un tipo de interés reducido del 0,5 %, aplicables —siempre que se esté al corriente de pago— a periodos entre noviembre de 2025 y enero de 2026 para empresas, y entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 para autónomos. En paralelo, se extiende la cobertura del cese de actividad extraordinario vinculado a la catástrofe y se prorroga el programa «Reinicia Auto+» para sustituir vehículos siniestrados, con un calendario que permite presentar solicitudes hasta el 30 de junio de 2026.

Qué se aprueba hoy, a quién afecta y cómo se canaliza

El paquete entra en vigor con su publicación en el BOE y prioriza a ayuntamientos y entidades locales mediante la financiación del 100 % de obras elegibles de restitución y prevención: red viaria, saneamiento, drenaje urbano, encauzamientos y soluciones basadas en la naturaleza. Las empresas podrán acudir a la línea ICO para operaciones de circulante e inversión, mientras que los avales del Estado —gestionados a través de entidades financieras— abaratarán el coste del crédito y ampliarán plazos de amortización. El Ministerio de Economía prevé una tramitación ágil a través de las ventanillas ICO y convocatorias sectoriales coordinadas con comunidades autónomas y diputaciones.

Para el lector en España, el impacto es directo: menor coste financiero para reponer maquinaria o existencias, alivio de tesorería por los aplazamientos en cotizaciones y ejecución más rápida de obras locales que reducen riesgos en futuras tormentas. En consumo y movilidad, la prórroga del plan de automoción facilita la sustitución de vehículos; en vivienda, se permite reasignar recursos para promover promociones en suelos seguros y acelerar reubicaciones. Según la referencia oficial, más de 8.000 millones ya se habían transferido en el último año, y la nueva norma suma instrumentos para pasar de la emergencia a una reconstrucción preventiva con estándares de resiliencia más altos.

El despliegue se acompaña de un seguimiento presupuestario y de objetivos: el ICO publicará los términos de su línea —tipos, carencias, plazos— y las órdenes ministeriales fijarán las bases de ayudas y los formularios de solicitud. A nivel territorial, se convocarán conferencias sectoriales para priorizar proyectos con mayor retorno social y reducción de vulnerabilidad climática, con especial foco en la Comunitat Valenciana y municipios que acrediten daños severos. Las primeras resoluciones municipales podrían firmarse antes de fin de año si superan con celeridad contratación y evaluación ambiental.

• Volumen total: hasta 6.000 millones (avales del Estado, financiación ICO y ayudas).
• ICO empresas: 750 millones para circulante e inversión; 180 millones en ayudas a pymes.
• Avales: hasta 5.000 millones activables hasta 2040 para emergencias de protección civil.
• Seguridad Social: aplazamientos al 0,5 % de interés en periodos acotados para empresas y autónomos.
• Administraciones locales: financiación del 100 % en obras de reparación y prevención.
• Calendario: aplicación inmediata tras BOE; solicitudes y convocatorias escalonadas entre 2025 y 2026.

«El objetivo es acelerar la recuperación económica y reforzar la protección de hogares, empresas y administraciones afectadas por la DANA, garantizando liquidez y prevención», señaló la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La canalización del crédito público exigirá trazabilidad y reporte de impacto: los bancos trasladarán en precio la solvencia adicional de los avales y las operaciones ICO deberán cumplir criterios de elegibilidad (viabilidad, destino de fondos, justificación de daños o inversiones preventivas). En paralelo, la Administración General del Estado coordinará con Aena, Adif y Confederaciones Hidrográficas actuaciones de resiliencia en áreas críticas, mientras que los gobiernos autonómicos reforzarán ventanillas únicas para simplificar trámites en polígonos industriales y comercios afectados.

En términos macro, la inyección no altera por sí sola el cuadro de crecimiento, pero sí puede acelerar la reposición de capital físico, estabilizar empleo en sectores expuestos —comercio, hostelería, automoción auxiliar— y reducir pérdidas futuras por eventos extremos si la inversión local prioriza soluciones coste-efectivas. La compatibilidad con fondos europeos de recuperación (incluida la Adenda DANA de 1.240 millones) y con líneas de inversión verde permitirá alinear la reconstrucción con objetivos de clima y productividad. El reto, señalan analistas, será ejecutar con rapidez, evitar cuellos de botella en contrataciones y garantizar que el alivio financiero llegue a tiempo a pymes y familias.

Contexto y fuentes: referencia oficial y resumen de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de 28/10/2025; notas de Presidencia del Gobierno y documentación del ICO sobre líneas y avales; coberturas de agencias y medios económicos con cifras y plazos difundidos hoy.